Pablo Lemus gobierna para Jalisco, no para el Frente Nacional por la Familia

El pasado 21 de febrero, Pablo Lemus, en su calidad de gobernador de Jalisco, declaró públicamente que no considera que los menores de edad tengan la madurez suficiente para tomar decisiones importantes sobre su identidad de género. Esto en referencia a la acción de inconstitucionalidad 72/2022 y su sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el 15 de junio de 2023, que obliga al Congreso de Jalisco a legislar en materia de reconocimiento y protección a las infancias trans. Lemus declaró textualmente que “deben de rechazar [el Congreso] esta iniciativa. Creo que las niñas y los niños deberán elegir, pero una vez que cuenten con su mayoría de edad, no en este momento (…) lo que haga la Corte será otra cosa, pero en Jalisco somos un estado autónomo y nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones”.

Esto es preocupante. Más allá de la cuestión inmediata sobre derechos humanos e interés superior de la niñez (a lo que no pretendo restarle la importancia debida), estas declaraciones constituyen un atentado directo contra la división de poderes, la democracia y el estado de derecho. La opinión personal de un gobernador sobre un asunto político jamás debería pasar por encima de la revisión calificada de un tribunal supremo respecto a los derechos de las personas. Lemus y el Congreso de Jalisco no pueden pasar, ni pasarán, por encima de la SCJN y mucho menos de los derechos de la ciudadanía.

La idea de estado de derecho democrático, como lo expresó sintéticamente Guillermo O’Donnell, refiere a la supremacía constitucional sobre cualquier otro tipo de ordenamiento o institución en un país; es decir, la garantía de que ninguna autoridad, convención o norma pueda tener más autoridad política, legal o judicial que la Carta Magna y sus principios. Como baluarte de este principio, se introdujo en México el mecanismo de control de constitucionalidad (en forma de amparos, controversias de constitucionalidad, acciones de inconstitucionalidad y determinaciones específicas en materia de consultas populares), que permite a nuestra Suprema Corte a evaluar los actos de autoridad y la legislación inferior para determinar si se encuentran en conformidad con los principios constitucionales democráticos.

¿Por qué es necesario que la SCJN tenga estas facultades y sus sentencias sean vinculantes? Sostengo dos razones principales. La primera, que estos mecanismos, destinados a fortalecer al Poder Judicial, representan una protección a la sociedad civil ante posibles abusos de autoridad de parte del Ejecutivo y el Legislativo. De esta manera, se garantiza que todo acto, ley o reforma se realice en concordancia con los derechos fundamentales expresados en la Constitución, pues, en caso de ser violatorios o incompatibles, pueden suspenderse y revertirse. Además, la interpretación de los casos controversiales tendría que, teóricamente, obedecer parámetros y consideraciones favorables a los derechos humanos, particularmente de grupos y comunidades históricamente vulneradas.

La segunda, que combate lo que Madison, Tocqueville y Mill identificaron como la tiranía de la mayoría. Y es que hay un concepto popular profundamente errado de que en una democracia se gobierna por y para las mayorías. Si bien es cierto que la cristalización de la voluntad popular en una elección debe respetar el resultado elegido por el mayor número de personas, lo cierto es que las garantías democráticas implican el respeto y la protección expresa a los derechos de las minorías. El hecho de que Jalisco se componga de una sociedad mayoritariamente conservadora no hace válido que se abogue por restringir y violar derechos. Al contrario, su resistencia a reconocer y proteger a las infancias trans es abusiva y no debería tener lugar en un Estado de derecho. Las declaraciones de Pablo Lemus son, en sí mismas, antidemocráticas, y una manera muy baja de emplear la opinión desinformada y politizada de muchos en detrimento de una población vulnerable, incómoda e invisible. Él gobierna para toda la ciudadanía, no sólo para el Frente Nacional por la Familia.

Existen controversias teóricas al postulado de que un tribunal supremo debe ordenar legislaciones particulares. Otro de los conceptos fundamentales democráticos es el pluralismo, es decir, la noción de que no debería haber un centro exclusivo de poder que imponga y obligue jurídicamente a todo un Estado, sino que es legítima la diversidad para su ejercicio, de manera en que existan más mecanismos de contrapesos al poder y se eviten aplicaciones arbitrarias del mismo.

Hay quienes argumentan que, en un sistema federalista, tanto las cortes federales como los estados particulares deben compartir, de manera descentralizada, las facultades de control de constitucionalidad (García, 2010). La centralización del poder constitucional efectivamente puede crear dinámicas desproporcionadas en que un tribunal federal supervisa a las instancias locales, reduciendo significativamente la diversidad interpretativa. Existen numerosos contraargumentos, como el riesgo de captura política local, la reducción del papel estabilizador de la SCJN o posibles disparidades indeseables sobre la aplicación del derecho.

No obstante, no estamos ante un conflicto de este tipo. Lo que está sucediendo es que un político del Poder Ejecutivo se está tomando la atribución de ordenar una serie de acciones al Poder Legislativo en contra de un debido proceso y sentencia emitidos por el Poder Judicial. Bajo el cobarde respaldo de grupos antiderechos y lobbies conservadores, Pablo Lemus pretende que sus consideraciones personales aplasten al Estado de derecho con la excusa de la autonomía de Jalisco, en directo prejuicio y menoscabo de los derechos y la dignidad de la comunidad trans.

Esto es mucho más grande que las infancias trans por sí mismas. La ignorancia y la poca atención al tema por parte de las autoridades es indignante, pero hay algo más. El precedente retórico que implican estas declaraciones es gravísimo y antidemocrático. Como sociedad civil, más allá de la ideología, debería preocuparnos nuestro entorno político y exigir que, ante todo y ante todos, las autoridades encuentren un límite en nuestra libertad y derechos.

SOBRE EL AUTOR

Nicolás Ortuño Hidalgo es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CIDE) y actualmente estudia Derecho. Investigador en teoría política y constitucionalismo, colabora semanalmente en el expediente sobre China del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) y ha publicado artículos en Istor sobre política y derecho.